REFLEXIONES SOBRE LA JUSTICIA SOCIAL

REFLEXIONES SOBRE LA JUSTICIA SOCIAL

Todo intento transformador necesita liderazgos. Mucha – demasiada – es la fuerza defensora del statu quo, como para imaginar siquiera que se podrán generar cambios positivos por la sola acción aluvional de los descontentos, suma de reclamos individuales.

Mirando la historia desde la Argentina y sin retroceder demasiado en ella, hacia principios de siglo pasado las organizaciones que pudieron construir los explotados directos fueron protagonistas directos. Los sindicatos más combativos llevaron adelante luchas cuyo contenido se nutría de la explotación muy evidente a la que eran sometidos los trabajadores. Las teorías políticas le daban a veces marco, a veces proyección histórica, pero la esencia de su fuerza provenía de las condiciones objetivas.
Los conflictos surgían en el seno de la sociedad y se podía considerar como un dato que los gobiernos se pondrían del lado de los explotadores, ya que estos eran básicamente quienes los elegían. No es de extrañar que la búsqueda de mayor justicia social contuviera reclamos de cambio institucional profundos, estructurales. Que fuera antisistema.
La ley de sufragio universal masculino llevó a Hipólito Yrigoyen a la Presidencia de la Nación, pero no alcanzó para poner a los gobiernos a favor de los explotados, ni siquiera a lograr el equilibrio. La Semana Trágica y los fusilamientos de la Patagonia son dos sucesos no menores que nos recuerdan casi un siglo después lo corrido que estaba el fiel de la balanza.
Desde 1946 hacia acá la historia de nuestro país transita por un escenario totalmente distinto. Más allá de las valoraciones ideológicas o de los análisis de la eficiencia con que el justicialismo buscó y logró sus metas, desde ese momento entró en el imaginario social la posibilidad que un gobierno no fuera freno de transformaciones por una mayor equidad, sino su promotor. En los casi 70 años transcurridos desde entonces, esa posibilidad estuvo y está todo el tiempo presente en los análisis políticos. Por momentos se concreta, con variada gama de limitaciones. En otros momentos, para evitarlo, se ha llegado hasta el genocidio.
Allí está la tensión principal. En un siglo se pasó de la pelea en la calle, de los explotados contra sus patrones, con la policía o el ejército en un mismo frente, a la pelea por el control de la administración de la gestión comunitaria completa.
Hay, sin embargo, un plano adicional a tener en cuenta, de enorme importancia: ¿Quiénes son los que representan los intereses de los que menos tienen y de los excluidos en esa puja?
La Constitución de 1853 y todas sus modificaciones posteriores han establecido la representación política de los intereses sociales, por mecanismos de elección que se han ido perfeccionando, pero que en definitiva forjaron una verdadera clase social: la clase dirigente. En los tiempos actuales se trata de un sector profesionalizado, que se auto perpetúa o en el mejor de los casos se renueva lentamente, donde incluso ya se ha establecido hasta un cierto recambio generacional de padres a hijos.
El problema de la inevitable intermediación entre la administración y el sujeto social masivo ya estaba vigente en 1946. En aquel entonces el carácter trasgresor del peronismo lo llevó a apelar a dirigentes sindicales, pensadores populares hasta entonces aislados, empresarios periféricos, educadores, sanitaristas, en lo que constituyó una improvisada pero eficaz forma de reducir la presencia de los políticos profesionales.
Desde 1983 hacia acá, el mundo se fue lanzando de lleno a la globalización, con la consiguiente concentración económica y el agravamiento de la conocida brecha entre ricos y pobres. Desde la óptica de la representación política, hoy tenemos una situación conceptualmente más grave que la de hace un siglo. Tenemos pobres dentro del sistema económico formal, a los que muy tibiamente representan sindicatos con modesta vocación de lucha. Y pobres fuera, que trabajan sin derechos o que no trabajan sino que son asistidos por un Estado de bienestar, pero que no son representados estructuralmente por ninguna fuerza política que ellos integren más que como adherentes.
Tanta concentración en la cúpula y tanta dispersión en la base, hace que los intereses transformadores hayan quedado mediatizados como tal vez nunca antes. Los excluidos son defendidos por fracciones de la clase política y no por sus propios representantes.
Paul Hawken, ecologista norteamericano de muy larga trayectoria, que ha ido progresivamente vinculando la defensa del ambiente con la justicia social, dice como mucha precisión en su último libro Blessed Unrest:
“En el mundo que viene los derechos humanos se deben definir desde los oprimidos y no desde la mirada de una élite concedente”.
Es una invitación a volver al planteo de hace un siglo, solo que en lugar de pelear en la calle y contra todos, a pelear dentro de las instituciones y por la administración de la sociedad.

Estoy de acuerdo. ¿Cómo ayudar?

Hay un gran obstáculo inicial. Cuanto más lejos están los sectores humildes de una vida digna, más difícil resulta que ordenen sus reclamos alrededor de escenarios auténticamente transformadores.
En la globalización, los excluidos son espectadores de un mundo que consume bienes y servicios a los que ellos aspiran, pero no suelen luchar por liberarse de la explotación sino por ser reconocidos. Es más: hasta puede interpretarse que muchas iniciativas espontáneas reclaman la integración con toda la alienación del mal pago, como condición relativa superior a estar afuera por completo.
¿Por qué lucharían, en todo caso?
Las “élites concedentes”, como las llama P. Hawken, suelen pensar que la única alternativa al subsidio de subsistencia es la capacitación para ser asalariados de emprendimientos definidos por otro y cuya dinámica depende del crecimiento de las variables macro económicas. Así se mide hoy el progreso, tanto el colectivo como el individual.
Los más pobres y los excluidos están por lo tanto ante un desafío muy complejo:
a) Organizarse con autonomía relativa, preferentemente al interior de los espacios que admiten la necesidad de cambios, si es que se quiere mejorar la equidad social.
b) Pensar nuevas formas de inserción en la producción de bienes y servicios que no los ubiquen simplemente como el peldaño de abajo en una escalera que se achica abruptamente cuando se asciende en ella.
c) Reclamar la participación en la administración del Estado, a través de los caminos de acceso que sean, pero para construir en la práctica esas formas de inserción.

Este no es el camino “basista” tradicional, que supone que los más pobres siempre tienen razón y los sectores medios que quieran colaborar deben tomar de ellos las ideas de cambio. Ese concepto no es otra cosa que una simplificación inocente de la dinámica social, que confunde condiciones objetivas con subjetivas, concluyendo que quien sufre sabe su remedio sin vacilar.
Bastante distinto de eso es el planteo. Lo que aquí se sostiene es que los sectores medios que quieran ayudar a un proceso transformador auténtico sin instalarse mecánicamente en el rol de “élite concedente”, deben estar preparados para recorrer un camino común de clarificación de los diagnósticos y de las propuestas, hermanados con los que peor la están llevando. Allí, en esa militancia fraternal, la responsabilidad de los sectores medios es crucial, porque es tiempo de crear juntos, no de conceder desde las instituciones anquilosadas del capitalismo de mercado.
Suena duro, pero es muy probable que en el actual contexto global los más humildes jamás accederán a condiciones de plena dignidad si no logran organizarse y darle sentido a esa figura – LA PLENA DIGNIDAD -, interviniendo con fuerza creciente en los gobiernos que la aseguren.
Emm/2.6.13

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