LA LEY DE TRABAJO AGRARIO Y LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Por más de una razón es valioso analizar la ley de trabajo agrario de inminente aprobación.

Primero, para entender la mejora en la contención legal que esto implica para los trabajadores rurales. Segundo, para entender los límites de esa contención y a partir de allí realizar algunas inferencias sobre la lógica de conducción y administración del Estado que está implícita en el texto.


La ley que se derogará – la 22248 – es claramente una ley propatronal, en la medida que considera que los trabajadores son quienes deben adaptar su prestación a las exigencias que una actividad tan dependiente de la naturaleza establezca. Poco y nada pauta sobre las condiciones laborales y de residencia. Crea además el RENATRE, registro de trabajadores rurales que tiene la responsabilidad de atender las situaciones de desempleo, y pone su administración bajo el control hegemónico de los representantes sindicales y de los empleadores, financiado con un aporte del 1.5% sobre la nómina salarial.
El escenario laboral agrario es bien conocido. Con esa ley como marco, el porcentaje de empleo no registrado se estima en más del 60% y las condiciones laborales, tanto de los trabajadores registrados como de los otros, son motivo de denuncias permanentes y en todo el espacio nacional.
Está claro que esto debe cambiar y mucho.
¿Qué se plantea como objetivo el proyecto a punto de aprobarse?
Básicamente, lo que un Ministerio de Trabajo podría aspirar: equiparar la protección legal de estos trabajadores al resto del universo.
Formalmente, lo logra. Queda después todo un camino para verificar el cumplimiento efectivo de la ley, pero allí ya vale lo mismo para este caso o para la indumentaria o cualquier sector de difícil fiscalización.

Los límites de la ley, sin embargo, aparecen al advertir que la norma deja de lado varias características específicas del trabajo agrario, que convierten al documento en una aproximación frágil en su intención de servir de marco para el trabajo rural decente.
Como déficit global, el proyecto no diferencia el trabajo rural ofrecido en la zona de residencia habitual del trabajador o con residencia permanente en el establecimiento agropecuario, de aquel que lo obliga a trasladarse fuera de su comunidad por períodos importantes. Es decir: confunde en un mismo paquete al trabajador temporario u ocasional con el golondrina, el que deja su pueblo por meses.
El trabajo golondrina es un fenómeno esencialmente agrario, no se da en el ámbito industrial y comprende desde el desflorador de maíz hasta el operador de una cosechadora, que trabaja desde el Chaco hasta La Pampa.
El proyecto se limita a establecer condiciones de vivienda, alimentación y agua de los trabajadores, pero nada dice de lo que queda atrás: de las familias desarmadas, de pueblos habitados la mayor parte del año por empleados públicos, ancianos y mujeres solas con sus hijos pequeños. Acompañando la lógica empresarial, esta condición se considera natural, intrínseca a la actividad agraria y se postula que debe ser retribuida simplemente cumpliendo condiciones de paga equivalentes a otros sectores y de seguridad e higiene laboral.
Es decir: la ley de trabajo agrario ordena el trabajo golondrina, pero no construye siquiera un camino mínimo para eliminarlo a futuro, creando opciones para que quienes hoy realizan esas tareas puedan tener trabajo digno en sus pueblos y trasladando el problema técnico a las empresas, que los deberían reemplazar por mejores elementos tecnológicos.
¿Es mucho pedir? Si alguien lo cree, sería bueno que un consejo de políticos notables visitara Atamisqui, Loreto y otros pueblos de Santiago del Estero que son núcleo duro de la provisión de trabajo golondrina, para luego concluir si la condición social de esas comunidades mejorará cualitativamente por aplicación de esta ley. Vayan, vean y nos cuentan.

Hay varios elementos menores adicionales, que muestran que se han dejado de lado las condiciones particulares del trabajo agrario. Nada se dice, por ejemplo, del efecto de las condiciones meteorológicas sobre la jornada de trabajo. Cuando llueve y no se puede realizar tareas rurales, ¿cuál es el tratamiento formal de la relación? Si hay siniestros climáticos permanentes o de larga duración, ¿qué pasa? El trabajo permanente, pero a kilómetros de un centro urbano, no debe tener compensación por transporte? Hay varios detalles más, que ratifican una mirada demasiado “urbana” sobre el tema.
Y finalmente el RENATRE, ahora RENATEA. La administración con peso determinante sindical – empresario se demostró al menos enteramente ineficaz. Eso permite afirmar que un organismo nuevo, enteramente administrado por funcionarios del Ministerio de Trabajo, sin participación alguna de representantes de trabajadores o de empresarios, más que en un consejo asesor, lo hará mejor? La concentración de poder en un órgano burocrático funcionarial asegurará una prestación más adecuada? ¿Por qué?
Tal vez en este punto se ponga en evidencia una concepción de la administración por delegación, en oposición a la administración con participación, donde se postula que la primera forma es la adecuada.
No parece lo más prudente. Esencialmente se pasa de ceder la función del Estado a asumir en exclusividad la responsabilidad, a través de funcionarios designados por el poder central. Riesgosa construcción de un esquema de decisiones vertical, que hace azaroso el camino, al depender de la probidad, experiencia, voluntad de unas pocas personas, en lugar de operar escenarios más conflictivos pero más representativos.
Una pena. Había una oportunidad de construir un camino con más esperanza para los trabajadores rurales. El avance se queda muy corto.

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