A LOS COMPAÑEROS DE CONSTRUCCIÓN COLECTIVA Y DEL MOV. EVITA: AQUÍ ESTÁ EL PLAN ESTRATÉGICO DEL IPP. QUEREMOS DEJAR LA MARCA

PLAN ESTRATÉGICO DEL INSTITUTO PARA LA PRODUCCIÓN POPULAR DEL MOVIMIENTO EVITA

Borrador para discusión

EL MARCO

Es muy fácil definir desde donde hablamos: Queremos una vida digna para todos los compatriotas. Queremos instalar estructuras que aseguren la justicia social y queremos hacerlo pensando y actuando en conjunto con los sectores más humildes de la sociedad.

El primer gobierno argentino que asumió detrás de estas consignas inició su gestión hace casi 70 años.
En ese momento había conceptos de importancia social que tenían un significado práctico directo e inmediato.
La inclusión se conseguía mediante el empleo. En 1955 había solo 3% de desocupación.
La movilidad social ascendente era una posibilidad al alcance del esfuerzo de cada uno, por una demanda sostenida de trabajadores más formados y por lo tanto mejor remunerados.
La mejor distribución del ingreso se canalizaba por aumentos salariales apuntalados por la fuerza del Estado en las negociaciones paritarias.
La protección de los menos aventajados casi se diría que nació con carácter masivo en ese período. Además de la densa legislación a favor de los trabajadores formales, se creó la Fundación Eva Perón y se diseminó la infraestructura de educación primaria y de salud en términos que aún hoy se perciben a simple vista por los edificios típicos de la época.

En 2013 las metas sociales se pueden sintetizar con el mismo lenguaje de aquel entonces y en realidad así sucede. Sin embargo, el mundo cambió. Y mucho. Por lo tanto, los caminos prácticos no necesariamente coinciden.
La historia del capitalismo ya tiene suficiente recorrido para entender como su característica central a su carácter concentrador. El equilibrio entre oferta y demanda no es tal, sino que se establece una confrontación donde hay ganadores permanentes que acumulan lucro y perdedores permanentes que aspiran a la subsistencia. Esa dinámica es excluyente, por lógica elemental, y obliga a los gobiernos a construir los llamados estados de bienestar, para compensar a los derrotados o postergados.
Así funcionó el sistema, con estabilidad diversa o con conflictos sociales de variada magnitud para cada país, según el éxito que cada gobierno tuvo en su esquema de administración comunitaria. En tales escenarios, la bipolaridad Estados Unidos – Unión Soviética y la consiguiente amenaza permanente de conflictos bélicos de escala mundial hizo que las fronteras nacionales fueran importantes para contener los proyectos productivos de las corporaciones más poderosas. Con la sola excepción de quienes explotaban los recursos naturales, como petróleo o minerales, los campeones industriales del mundo se imponían más a través del comercio de sus bienes finales, que mediante la instalación en otros países de plantas de manufactura o ensamblado de esos bienes o mediante convenios para que allí se produjeran partes de su cadena de valor.
El desarrollo integrado al interior de cada país fue la contracara inmediata del peligro de guerra. La caída del muro de Berlín no solo permitió que los alemanes se reunificaran en un solo país. No solo fue la señal última de la implosión de la Unión Soviética. También – sobre todo – fue la orden de largada para que las grandes corporaciones industriales del planeta pasaran a pensar sus procesos productivos en términos de una cadena compuesta por eslabones, que se podían separar y asignar a aquellos lugares del planeta que aseguraran la mejor combinación de eficiencia y costo, para luego volver a reunirlos en el ensamblado del producto final.
Más de dos décadas después de ese cambio de ritmo de la globalización, queda claro que ésta es la etapa superior de la concentración productiva, de riqueza y de poder. A su vez, la concentración lleva asociada a la exclusión como acompañante inexorable.
Se trata de una situación muy diferente de la de hace 70 años.
Ni la cantidad de trabajo disponible; ni la posibilidad de cambiar de trabajo mediante la capacitación personal; ni siquiera la vía de asegurar una mejora del salario real a través de aumentos de remuneración en paritarias, hoy dependen solo de las políticas nacionales. Hay una dependencia más fuerte que esa, de las decisiones que toman las grandes corporaciones, la que para mal de males es habitualmente poco visible y además ejercida en salas de reunión que no están en el país.
La medida de la diferencia entre aquel entonces y este presente es concreta y objetiva: La vocación por compensar a los excluidos y postergados lleva a destinar fondos para ello que han sido crecientes y hoy son muy superiores a los de cualquier tiempo histórico anterior, tanto en volumen como en valor per cápita. La transferencia de recursos a particulares en el presupuesto consolidado de Nación y provincias ya supera el 10% del Producto Bruto Nacional y esa suma seguramente tiene solo parcialmente en cuenta la densa red de subsidios adicionales directos e indirectos, más el importante aparato público destinado a esta atención.
Este dato puede y debe ser mirado valorando el interés del gobierno en cumplir con sus metas de justicia social. También puede ser evaluado como el fracaso estructural del capitalismo en su versión actual para asegurar trabajo de calidad para todos.

Nuestra obligación política es aplicar ambos criterios simultáneamente.

Al darle precisión a nuestro plan de trabajo, en consecuencia, como primera instancia, debemos admitir que aquellos instrumentos de hace 70 años y por lo tanto las consecuencias esperadas de su aplicación, han perdido fuerza y en algunos casos han perdido sentido.
Con hegemonía multinacional no necesariamente se alcanzará el pleno empleo en una economía de mercado tradicional.
Por la misma razón, seguramente, no se instalarán en el país los trabajos de mayor jerarquía técnica o ejecutiva, por lo que la movilidad ascendente tiene un freno objetivo estructural.
Hasta las convenciones colectivas que definen los aumentos de salario quedan entre paréntesis. Eso es así porque el sector empresario que firma esas convenciones enfrenta tan poca competencia al interior de su propio sector, que está en condiciones de absorber los aumentos otorgados, con el simple expediente de aumentar los precios de sus productos, siendo así generadores y/o incentivadores de un camino inflacionario que perjudica a los que menos tienen.
Quien quiera colaborar en la mejora de condición laboral y de vida de los que menos tienen debe tener, por lo tanto, muy en cuenta la necesidad de repensar muchas consignas de décadas y muy en especial aquella que supone que el crecimiento general y sostenido del producto tendrá como consecuencia inevitable un ascenso para todos.
El Instituto para la Producción Popular (IPP), además de intentar conocer y caracterizar en profundidad las nuevas restricciones, se plantea una meta ambiciosa: Cómo pasar de la exclusión y la postergación a la dignidad en la presente generación.

LA NUEVA MIRADA CONCEPTUAL

Ya que la economía de mercado globalizada tiene como ídolo no negociable a la búsqueda del lucro, razón de ser de cualquier actividad, nada podrá ser demasiado diferente de lo actual si no cambiamos esa religión.
Pretendemos decir:

1 . La comunidad se debe organizar alrededor de la satisfacción de las DEMANDAS SOCIALMENTE NECESARIAS (DSN). Estos son los bienes y servicios requeridos para que todos los habitantes tengan acceso a una vida digna. La participación en la atención de DSN es lo que debería generar la compensación económica a los distintos actores productivos, sean emprendedores o trabajadores. Por la contraria, quien se dedique a algo que no lleva a atender una DSN no merece apoyo o promoción.

2 . Una persona que trabaje en alguna forma de atención de una DSN debe tener una ocupación digna.

3 . Toda DSN debe ser atendida por una oferta adecuada, que satisfaga esa demanda.

Estas tres simples ideas son, sin embargo, suficientemente poderosas como para permitirnos pensar la organización de la producción de bienes y servicios de modo enteramente diferente al habitual, así como cambiar la elección de aquello que debe ser promovido o por el contrario, que debe ser desalentado o tiene bajo interés social. A medida que se aplican a la práctica concreta, estas ideas cambian la valoración de muchas de las tareas sociales y permiten identificar vacíos de oferta, que quedan ocultos cuando el lucro es la única voz cantante.
El Instituto trabajará sobre estos ejes, dedicándose inicialmente a cinco áreas de DSN, que no son las únicas posibles, sino las que están más a nuestro alcance para producir resultados tangibles y rápidos. En cada caso, es importante reiterar y reforzar nuestra meta:

IDENTIFICAR Y FORMULAR PROYECTOS QUE PUEDAN SER IMPLEMENTADOS POR ORGANIZACIONES COOPERATIVAS DE TRABAJADORES QUE RECIBAN LA CAPACITACIÓN ADECUADA, O POR OTRAS FORMAS DE ORGANIZACIÓN QUE NO IMPLIQUEN POSTERGAR O SUBALTERNIZAR LA DIGNIDAD DEL TRABAJO.
ACOMPAÑAR A LAS ORGANIZACIONES EN LA INTERPELACIÓN A LOS ÁMBITOS DEL SECTOR PÚBLICO O PRIVADO QUE SEAN PERTINENTES, PARA CONSEGUIR LOS RECURSOS O LOS CAMBIOS DE NORMATIVA QUE SE REQUIERAN
ASISTIR O CONSEGUIR LA ASISTENCIA TÉCNICA PARA CADA CASO, HASTA QUE EL EMPRENDIMIENTO SE HAYA PUESTO EN MARCHA ESTABLE.

LAS ÁREAS

Serán:

1 – PROPVIS: Producción popular de vivienda e infraestructura social

2 – CUIPA: Cuidado popular del ambiente

3 – PROPE: Producción popular de energía

4 – PROPA y COMPA: Producción y comercialización popular de alimentos.

5 – PROPIC: Producción popular de indumentaria y calzado.

La lógica de acción que plantearemos a continuación para estos cinco espacios puede en el futuro ampliarse a otras facetas que normalmente no se ven como producción, tales como la demanda socialmente necesaria de educación o de salud o de recreación.

1 – PROPVIS: Producción popular de vivienda e infraestructura social

Hemos dividido el área en cinco subáreas:

. Vivienda social
. Servicios domiciliarios: Agua/ Gas/ Electricidad
. Mobiliario de vivienda social
. Tratamiento de efluentes domésticos
. Áreas comunitarias.

En todos los casos se procurará armar los paquetes tecnológicos que puedan luego ser ejecutados por cooperativas que cuenten con el equipamiento adecuado y la formación correspondiente.
Hay dos aclaraciones de alta importancia.
Para la vivienda social se buscará definir modelos cuya característica constructiva permita que una empresa haga los cimientos y una estructura base, quedando a cargo del futuro habitante el resto de la construcción, concebida como un mecano relativamente simple. Las viviendas cuya estructura portante se compone de perfiles de acero en lugar de columnas de hormigón son especialmente adecuadas para aplicar esta idea.
En cuanto al tratamiento de efluentes cloacales, es de destacar que subsiste como un gran problema en el país, por las importantes inversiones necesarias para las plantas de tratamiento que hasta ahora se han concebido. El trabajo del Instituto buscará verificar la importancia de otro concepto, desarrollado en gran escala al menos en Japón, donde se utilizan plantas simples, de baja inversión, para la población que vive hasta en una manzana. También allí se hacen estándar los que aquí llamamos pozos ciegos, para vivienda unifamiliar.
Si se contara con una solución técnica sólida en este plano se dispondría de una fuente de trabajo muy importante para cooperativas de servicios públicos, que además generarían un gran ahorro de inversión estatal.

2 – CUIPA: Cuidado popular del ambiente

Esta área preparará proyectos sobre la base que quienes los lleven adelante habrán recibido la responsabilidad pública de mejorar el ambiente. Se debe dar un salto cualitativo sustancial desde la actual situación social en que los trabajadores más humildes que se dedican a tareas vinculadas con el ambiente son algo así como “excluidos tolerados”.
Los recuperadores de residuos urbanos reciclables; quienes limpian las riberas y los cauces de arroyos con influencia urbana; por mencionar solo dos ejemplos, han sido encasillados como un fruto de la pobreza y la marginalidad, que los lleva a realizar esos trabajos no deseados. En realidad, esas actividades surgieron empujadas por la falta de opciones laborales (los recuperadores) o comprendidas en planes de asistencia social (las tareas de obras públicas menores) y luego, más de una década de implementación sirve para mostrar que hay dos propuestas en conflicto:
a) Considerar al ambiente como un escenario de negocios privados, equivalente a tantos otros mercados.
b) Considerar el cuidado del ambiente como una tarea de responsabilidad comunitaria, que comprende en un mismo universo, como dos caras de la misma moneda, a quienes son el origen de los efectos negativos y a otros grupos, quienes se encargan de la responsabilidad de prevenir, remediar, reciclar, para asegurar el bienestar general.

Es en esencia el mismo conflicto que hay entre la educación pública y la educación como fuente de lucro; la salud pública y la medicina privada; los ferrocarriles concesionados o administrados por el Estado. Simplemente, tenemos un enorme atraso en reconocer a un sector público de cuidado del ambiente, que sea diferente de la tercerización actual, donde la dinámica del capitalismo lleva a contratos enormes con empresas que ante todo quieren ganar dinero y en esa secuencia inexorablemente producen resultados que no alcanzan lo que la sociedad necesita.
El plan del IPP explorará todas las opciones para que cooperativas de trabajadores se incorporen formalmente como componentes de un sistema de cuidado popular del ambiente. Aspiramos a que las ofertas de solución contengan de manera creciente a este tipo de organizaciones y a que las demandas surjan en alta proporción de ámbitos de la comunidad, sin necesidad de estructuras administrativas centralizadas, como necesariamente se debe imaginar para el transporte, por ejemplo. Los problemas ambientales constituyen un ámbito donde las redes de vinculación entre quienes tienen los problemas y quienes los deben resolver adquieren máximo sentido.
Si nuestra labor es exitosa, se definirán tareas donde las cooperativas de servicios públicos y las cooperativas de recuperadores sean parte de un sistema respetado y promovido por la comunidad, sin ninguna faceta asistencial o de explotación presentes.
Trabajaremos inicialmente en cinco subáreas:

. Recuperación primaria de residuos reciclables.
. Reciclado de vidrio, madera, plásticos y papel.
. Reciclado de material electrónico.
. Efluentes urbanos y cauces menores.
. Prevención de inundaciones.

3 – PROPE: Producción popular de energía

La energía es un insumo necesario para la vida comunitaria, pero nunca ha sido considerada un tema en el que participa el consumidor, salvo en situaciones de aislamiento. Sin embargo, desde hace varias décadas se discute en todo el mundo cómo maximizar la aplicación de nuevas tecnologías, en sistemas donde tanto la generación como el uso de la energía participan a escala doméstica o de pequeños grupos comunitarios. El uso del sol, del viento o de residuos de madera u otros materiales que resulta práctico incinerar, ha ido transformando la manera en que satisfacemos las necesidades de energía.
EL IPP se aplicará al diseño de proyectos que permitan que cada compatriota pueda pensar en generar toda o parte de la energía que consume, volcando los excedentes que pudiera producir a la red pública. Esos proyectos preverán la generación doméstica o en pequeñas plantas cooperativas, así como la instalación y el mantenimiento de los equipos a cargo de organizaciones populares.

Los sectores a considerar, inicialmente, son:
. Uso de los residuos de madera.
. Energía eléctrica de origen eólico en pequeña escala.
. Energía eléctrica de origen solar en pequeña escala.
. Calefones solares.

Parte de la tarea será aplicarse a promover cambios en la legislación, para permitir el volcado a la red de la energía generada en una propiedad pequeña o para integrar como componente normal de las viviendas sociales a los calefones solares.

4 – PROPA y COMPA: Producción y comercialización popular de alimentos

En el caso de los alimentos, del mismo modo que será en el área de indumentaria, se incursiona en un campo donde es evidente que la demanda es socialmente necesaria, pero a diferencia de áreas ya presentadas, existe hoy una oferta, que se instrumenta a través de los mecanismos conocidos de la economía de mercado.
El proceso de concentración global se expresa aquí en toda su potencia.
Desde la producción de semillas transgénicas y el paquete tecnológico compatible con ellas, hasta la industrialización de leche o de pollos y la comercialización masiva de los alimentos, hay varios eslabones de la cadena que son oligopólicos o monopólicos, quedando así entrampados en el sistema otros eslabones de producción que resultan subordinados a aquellos, además de los consumidores.
Hay asimismo un extendido conjunto de productores de alimentos, en todo el país, que lisa y llanamente están todo el tiempo en situación de salir del escenario, por la falta de acceso a las góndolas de exhibición en organizaciones con control creciente sobre la comercialización final.
Aquí hay dos tareas en las que el IPP puede sumar su aporte:

. Construir canales para que los productores actuales o potenciales reciban asistencia técnica dura o de organización, que les permitan ser más convocantes para los consumidores, por su calidad o por su precio.
. Proponer los cambios de normativa y/o de usos y costumbres que eliminen las barreras de entrada existentes.

Una vez más, es necesario pensar en términos menos asistenciales y más estructurales. Las ferias de productores, con débil apoyo oficial o apenas su tolerancia; los intentos de distribución domiciliaria de parte de la canasta alimenticia; la venta para transeúntes o turistas; intentan ser paliativos que resultan bienvenidos a falta de otros caminos, pero totalmente insuficientes. Acompañando esas iniciativas, hasta ojalá superarlas, hay que diseñar e implementar los caminos para institucionalizar el derecho de los productores pequeños, familiares o cooperativos a atender la demanda popular de alimentos de forma permanente y en proporción creciente.
Para ello, además del plano tecnológico arriba mencionado, se necesitan dos miradas concurrentes:
a) Desarmar la legislación construida durante años, que impide a un pequeño productor de alimentos habilitado en un municipio vender en el municipio vecino o que lo obliga a hacer tortuosos y costosos trámites para cambiar la fruta con que hace una mermelada.
b) Utilizar la capacidad de concentrar los consumidores, que disponen las grandes corporaciones, para contar en esos mismos predios con locales de venta para la agricultura y agroindustria familiar, consolidando su presencia a través de una legislación específica.
En los dos casos se trata de discusiones legales o administrativas detrás de las cuales hay diferencias ideológicas importantes sobre los derechos de los ciudadanos como productores o como consumidores, que deben emerger a la superficie, si es que queremos construir escenarios estables de mayor justicia social.
El IPP, para mayor especificidad de sus resultados, configurará cinco subáreas en este caso:

. Cereales y panificados
. Cerdos/ Ovejas / Cabras
. Pollos / Huevos
. Lácteos
. Frutas y hortalizas

5 – PROPIC – Producción popular de indumentaria y calzado

En esta área se repite la existencia de altas barreras de entrada al mercado para los pequeños productores, pero con otras características.
Los talleres de producción de indumentaria o de calzado, sean familiares o con pocos trabajadores, a diferencia de sus equivalentes en la alimentación, pueden trabajar. Sin embargo, el lugar que se les ha asignado en la cadena de valor es de proveedores para grandes marcas, sin acceso a los consumidores. Para peor, como la capacitación de los trabajadores es relativamente más simple que en otras actividades, las marcas favorecen salvajes competencias por costo, que terminan en la evasión fiscal y en la explotación laboral de máxima dureza.
A la sombra de esa expresión cruda de la lógica capitalista han crecido variantes donde el trabajo familiar a destajo y sin encuadramiento impositivo, aparece como opción, pero dolorosamente lo que se consigue por esa vía es reproducir condiciones indignas en formas diversas.
EL IPP ha de perfeccionar propuestas para que se puedan construir redes de pequeños productores cooperativos o familiares con acceso concreto y permanente a los consumidores finales. Dada la enorme distorsión de precios hoy vigente, esto debe resultar en claros beneficios para los trabajadores, para los consumidores y para el Estado, por la percepción regular de impuestos en un sector con altísima evasión.
Será necesario contar con interés estatal en la aplicación de los nuevos instrumentos que se diseñen, porque en cualquier caso – una vez más – se prevé que se necesiten nuevas normas, de variada jerarquía administrativa.
En esencia, el concepto a traducir en hechos prácticos es siempre el mismo, en cualquier sector donde funcione el mercado:

EL DERECHO A TRABAJAR PARA SATISFACER DEMANDAS SOCIALMENTE NECESARIAS, SIN INTERMEDIACIONES QUE SE APROPIEN DEL VALOR GENERADO.

Aquí también el IPP trabajará dividiendo el área en subáreas, para buscar propuestas con una base común pero que sean lo más específicas posibles:

. Niños y adolescentes.
. Mujer
. Hombre
. Ropa de trabajo e institucional.

RESUMEN CONCEPTUAL Y POLÍTICO

La creación del Instituto para la Producción Popular por parte del Movimiento Evita constituye una novedad política que tiene importante originalidad y trascendencia históricas.

Por primera vez no se trata de la constitución de un equipo técnico que se aplica a la formulación de programas de gobierno, que se utilizarían luego de eventuales pujas por acceder al control de partes del aparato del Estado.
No es ese de ninguna manera su sentido.
Es, en cambio, un ámbito de apoyo a sectores desfavorecidos o marginados de la comunidad, para que puedan definir e implementar con mayores probabilidades de éxito sus proyectos de mejora de calidad de vida.
El IPP tiene en cuenta al Estado, pero no para acceder a su gobierno. Lo tiene en cuenta como instrumento necesario para la construcción de los marcos de contención, de promoción y de apoyo concurrente, que los proyectos populares de transformación requieren. Por supuesto, todo será más fácil si los espacios de gobierno pertinentes son ocupados por compañeros con consistencia ideológica con lo que aquí se propone. Pero en cualquier caso el IPP nace como un espacio permanente e irreemplazable, para el crecimiento de la capacidad popular de forjar su propio destino.

Su eje conceptual central es que la búsqueda de la justicia social plena solo es viable si todos los compatriotas tienen acceso a trabajos dignos. Y que tal condición requiere que se satisfagan las demandas socialmente necesarias, mediante organizaciones productivas que sean retribuidas económicamente por ello, pero sin que se corra el riesgo que el afán de lucro construya procesos de concentración y de subordinación de la demanda a la oferta, en que detrás del lucro se olvida la demanda social.
La satisfacción de las demandas socialmente necesarias, mediante la construcción de escenarios productivos con baja probabilidad de abuso de posición dominante, es la mejor manera en que podemos compatibilizar la justicia social con la existencia de las libertades individuales.
Lo hemos señalado brevemente para el cuidado del ambiente, para la producción de vivienda e infraestructura social, para la energía, los alimentos, la indumentaria y el calzado. Sobre la misma lógica podremos en el futuro pensar en la educación, la salud, la seguridad, las finanzas. Todas las facetas que el mercado ha contaminado y en algunos casos ha prostituido sin retorno.
Aplicando ese pequeño conjunto de ideas con tenacidad, una y otra vez, aparecen los caminos para que nuestros compatriotas tengan ocupaciones dignas y puedan aspirar a que sus hijos también las tengan.

IPP
27.6.13

ANEXO: ALGUNOS NÚMEROS QUE IMPORTAN

Hay:
. 300.000 agricultores familiares.
. 160.000 miembros de cooperativas de Argentina Trabaja
. 150.000 cartoneros.
. 70.000 motoqueros
. 30.000 trabajadores golondrinas.
. 25.000 artesanos sin acceso a renta de subsistencia
. + 700.000 jóvenes que ni estudian ni trabajan

Faltan:
. 3.000.000 de viviendas, buena parte de las cuales se pueden construir por sistemas modulares con participación de los futuros propietarios.
. Recuperar y reciclar más de 2.000.000 Ton/año de plásticos, maderas, vidrio y papel en diversas formas.
. Producir energía eólica y energía solar con generadores a escala doméstica instalados en al menos 500.000 viviendas.
. Controlar, evitar y remediar la contaminación ambiental en todos los ríos y arroyos del país, así como realizar la limpieza de cauces que minimice el riesgo de inundaciones.
. Producir energía a partir de no menos de 1.000.000 de Ton/año de desechos de actividad forestal y de poda.
. Dar tratamiento de efluentes cloacales con plantas pequeñas al menos a 2 Millones de personas (20 Millones no tienen cloacas en el país).
. Recuperar y reciclar los materiales de 5 Millones de celulares y 200.000 computadoras por año.
. Asegurar que los productores de alimentos a escala familiar ocupen un espacio independiente y sustentable en la atención de la demanda comunitaria, que alcance al menos el 30% de la alimentación argentina en 5 años.
. Asegurar que los productores familiares de indumentaria no queden incluidos en cadenas de degradación laboral y humana y tienen posibilidad de producir con ganancia suficiente, abasteciendo al menos el 20% de la demanda nacional en 5 años.

Referencia de dimensión laboral

. Solo con recuperar e industrializar el vidrio y la madera que descarta la Ciudad de Buenos Aires se generan tantos puestos de trabajo como hay hoy en Tierra del Fuego a consecuencia del régimen de promoción de la industria electrónica.

. El desarrollo integral de las líneas arriba expuestas permite elevar la productividad y por ende la calidad del trabajo de todo el universo laboral señalado, asegurando ingresos superiores a la canasta familiar, sin otra necesidad de subsidios que los aportes de capital para instalar y poner en marcha las unidades productivas.

IPP/ 27.6.2013

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